Soria es la quinta provincia de la Comunidad en número de ayudas concedidas para la rehabilitación edificatoria a comunidades de propietarios y propietarios únicos en Castilla. Las comunidades de vecinos que han sido seleccionadas en Soria han obtenido la subvención máxima y se encuentran en la capital, otra se ubica en Ólvega y la última ha sido concedida a un propietario único.
Las actuaciones en los edificios se dirigen necesariamente a su conservación, a la mejora de la calidad y sostenibilidad y a la realización de los ajustes en materia de accesibilidad. Una de las comunidades que iniciará obras próximamente está conectada a la Red de Calor con Biomasa de Soria, motivo por el que el acceso a las subvenciones es directo. De esta manera son subvencionables las obras para la mejora de la calidad y sostenibilidad en los edificios que reduzcan la demanda energética al menos en un 30 %, tales como la mejora de la envolvente térmica del edificio para reducir su demanda energética; las que permitan la utilización de energías renovables como la solar, biomasa o geotermia; las que permitan una mejora en la eficiencia energética de las instalaciones comunes de ascensores e iluminación, instalación de mecanismos que favorezcan el ahorro de agua; o las que faciliten la recogida y separación de los residuos domésticos.
Desde la empresa Rebi, su director Comercial David Lafuente recuerda que “los administradores de fincas son quienes mejor asesoran a los vecinos en lo que se refiere al acceso de las convocatorias tanto de la Junta como del ministerio de Industria, no obstante es necesario concienciar a la sociedad de que la utilización de energías limpias como la térmica de biomasa está primada y reconocida por las administraciones”.
La cuantía máxima de las subvenciones por edificio no superan en ningún caso el importe de multiplicar 4.400 euros por cada vivienda y por cada 100 metros cuadrados de superficie útil de local. El plazo para realizar las obras es de 16 meses desde el inicio de la rehabilitación, ampliable a 18 meses cuando se trate de edificios o actuaciones que afecten a 40 o más viviendas.
